Estado, democracia y neoliberalismo en América Latina: ¿nuevas simbologías- nuevas identidades?

Carlos Ciappina[1]

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El neoliberalismo del siglo XXI en América Latina: ¿Qué es hoy el neoliberalismo?

 

Quisiéramos señalar que, visto en perspectiva, la comprensión de lo que hoy es el neoliberalismo en América Latina se alcanza -entendemos- analizando el encadenamiento de los efectos de tres momentos de la historia reciente de América Latina:

Primer momento. En los efectos de la dictaduras cívico-militares del período 1970-1980. Las dictaduras no lograron consensos políticos ni se continuaron políticamente en un “partido militar”, pero sí lograron profundizar la represión a tal nivel que los propios sujetos políticos-sociales fueron o bien eliminados o exiliados u obligados a la prisión o el exilio interno. Las condiciones para el posterior despliegue neoliberal están implícitas en esa desmovilización forzosa a escala masiva. Un aspecto central de las políticas represivas y económicas de las “dictaduras pretorianas” (Rouquié, 1984) fue el control de los medios masivos de comunicación. Ese control se completó, además, con el fortalecimiento de los medios masivos de la época y el crecimiento de los monopolios mediáticos (Becerra, 2015). Lenta pero sostenidamente, los principios económico-sociales defendidos por las dictaduras militares (anticomunismo, individualismo, liberalización económica y meritocracia) se desplegaron en los medios masivos de la época. (Mastrini y Becerra, 2001).

Segundo momento. Sobre esta sociedades reprimidas y desmovilizadas –aunque no totalmente inermes, como lo demostraron las organizaciones de Derechos Humanos y algunos sindicatos combativos–  el primer ciclo democrático post-dictadura operó con vehemencia sobre la crítica de carácter político a las dictaduras, pero no desconoció en ninguno de los casos los acuerdos económicos (léase deuda externa) ni afectó a los grupos económicos hegemónicos que se enriquecieron y fortalecieron durante las mismas. Esta discrepancia –entre criticar lo político y aceptar lo económico– fortaleció la perspectiva de que “la economía” era una actividad que tenía que ver con “leyes de mercado” más allá o más acá de dictaduras o democracias. El paso para “despolitizar” la política económica y entregarla a organismos transnacionales y financistas locales estaba dado.

Es en los medios masivos de comunicación en donde esta paradoja alcanzó su máxima expresión. Cada intento de los gobiernos de las “transiciones democráticas” por recuperar una perspectiva estadocéntrica y de justicia social se toparon con la oposición frontal de los medios oligopólicos, que operaron sobre las ideas -ya desplegadas durante las dictaduras militares- del individualismo, la meritocracia, las supuestas incapacidades económicas y de gestión del Estado.

Tercer Momento. Los gobiernos nacional-populares surgidos de las crisis económicas generadas por el propio neoliberalismo a principios del siglo XXI, lograron recomponer la conducción de la economía por parte del Estado    –con matices– renegociando la deuda externa, nacionalizando algunas empresas claves y, sobre todo, desplegando programas educativos, de salud y de carácter social compensatorios, buscando reducir los niveles de pobreza e indigencia que dejaba la década neoliberal.

Pero, los alcances de la recuperación de una perspectiva estadocéntrica fue marcadamente menor en los ámbitos educativos (en relación a los contenidos), en los modos de apoyar la organización social a nivel territorial y, sobre todo en los alcances y acceso a los medios masivos de comunicación social. Para principios del siglo XXI, el proceso de concentración mediática en América Latina había alcanzado un nivel inédito a escala mundial (Becerra y Mastrini, 2017). Los medios masivos de comunicación y las nuevas Tics concentraron aún más el uso de la palabra y la “construcción de sentido” de carácter neoliberal. El proceso de conformación de un “sujeto” neoliberal –en poblaciones antes movilizadas por la lógica de la justicia social, la equidad económica y el sentido de pertenencia a una comunidad– alcanzó niveles masivos. La posibilidad o las condiciones para que las derechas neoliberales alcanzaran (o intentaran) llegar al poder político por la vía democrática estaban dadas.

El “retorno de las derechas” de la actualidad, en el formato legal (Argentina, Chile, Ecuador) o en el de los golpes institucionales (Paraguay, Brasil), tienen –al menos temporalmente– ciertos apoyos sociales (y no sólo de los sectores económicamente favorecidos) proclives a aceptar la lógica meritocrática y estadofóbica del neoliberalismo.

¿Cuáles son hoy los alcances del neoliberalismo en América Latina?

 El neoliberalismo se redespliega así, en una “etapa superior” para la realidad latinoamericana. También tiene que ver que, a escala global, el neoliberalismo ha ocupado la casi totalidad de las economías capitalistas en un nuevo salto de amplitud y profundidad creciente.

Los efectos de décadas de despliegue neoliberal –aún con los quince años de recuperación nacional popular de principios de siglo– sobre América Latina no pueden ser minimizados:

  1. Las sociedades latinoamericanas –desiguales de por sí, en su matriz societal colonial y post-independencia– son hoy aún más desiguales. Las sociedades latinoamericanas tienen hoy una mayor concentración de la riqueza que en las décadas de los setenta y ochenta. Los estratos medios, lejos de liderar un proceso de democratización, están sujetos bajo la lógica económica neoliberal, a trabajar más horas por menor paga, con sistemas jubilatorios de menor cobertura y situaciones de inseguridad mayores. El mundo laboral se halla hoy escindido en dos grandes realidades: un sector integrado al mundo laboral productivo “tradicional” con salarios a la baja y peores condiciones laborales y un sector informal y/o excluido con condiciones laborales estacionales y precarias o sin trabajo directamente.

  1. Las sociedades latinoamericanas se encuentran hoy sujetas a la comercialización insensible de cosas, actividades y situaciones que han sido incluidas en la lógica del mercado: los sistemas de educación y salud privatizados en su mayoría, los bienes naturales privatizados y monetarizados excluidos del control democrático, la infraestructura social mercantilizada y privatizada.

  1. Uno de los rasgos más novedosos del neoliberalismo hoy en América Latina es la creciente colusión entre el capital corporativo y financiero con el Estado en los diferentes niveles de gobierno. Autores como Sheldon Wolin (2008) utilizan la frase Democracia S.A. para describir este proceso actual de desdibujamiento profundo de la esfera estatal y empresarial. En casos como en los de Argentina en la actualidad, se han alcanzado niveles inéditos de colonización de la gestión estatal por representantes del capital concentrado (empresarial, comunicacional y financiero). La consecuencia de esta situación no puede ser menos delicada: la eliminación de la mediación “política” entre Estado y Mercado.

  1. Las economías latinoamericanas –por sí inestables e históricamente sujetas a las distorsiones que los procesos dependentistas generan– se ven hoy afectadas por procesos de “desestabilización permanente”, modalidad de inestabilidad inherente a los modos especulativos del capital financiero que circulan a escala global y que –en el caso latinoamericano– ingresan y salen buscando rentabilidades rápidas (Allami y Cibilis 2017).

 

 

Las dimensiones simbólicas de la construcción neoliberal del siglo XXI

 

“El neoliberalismo es debatido y confrontado como una teoría económica, cuando en realidad debe ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio. La expresión más potente de la eficacia del pensamiento científico moderno es la naturalización de las relaciones sociales. Concepción según la cual nos encontramos hoy en un punto de llegada, sociedad sin ideologías, modelo civilizatorio único, globalizado, universal, que hace innecesaria la política. El neoliberalismo es un excepcional extracto, purificado y por ello despojado de tensiones y contradicciones, de tendencias y opciones civilizatorias que tienen una larga historia en la sociedad occidental. Constituido como el sentido común de la sociedad moderna”. (Lander, 2000: 4)

Este proceso de naturalización no se restringió a los estudios académicos hegemónicos sino también –y tan importante como lo anterior– a sectores cada vez más amplios de la población, incluyendo a los sectores populares.

La pregunta que surge es: ¿Cómo se llega a esta naturalización?

Para analizar este proceso de naturalización, quizás debiéramos recurrir a Wendy Brown: “En oposición al neoliberalismo como un conjunto de políticas estatales, una fase del capitalismo o una ideología que libera al mercado con el fin de restaurar rentabilidad para la clase capitalista, me uno a Michel Foucault y a otros en una concepción del neoliberalismo como un orden de razón normativa que, cuando está en auge, toma la forma de un racionalidad rectora que extiende una formulación específica de valores, prácticas y mediciones de la economía  a cada dimensión de la vida humana”. (Brown, 2018:35)

Desde esta perspectiva, nos sumergimos en un terreno más difuso, pero no menos importante para comprender la expansión neoliberal en el siglo XXI latinoamericano: la construcción de un “sujeto neoliberal” (individual y por sumatoria, colectivo) que vive todos los aspectos de la realidad en la modalidad de la racionalidad neoliberal (Alemán, 2016 y Merlín, 2017). Esta perspectiva configura un sujeto que actúa guiado por una “racionalidad rectora neoliberal” que le aplica la lógica mercantil “desde los sujetos” a la educación, la salud, el cuidado del cuerpo, la vida familiar y la vida barrial.

Lo resume con precisión Wendy Brown: “En comparación con el liberalismo económico clásico, somos homo economicus –y solo homo economicus– en todas partes. Esta es una de las novedades que introduce el neoliberalismo en el pensamiento político y social y se encuentra entre sus elementos más subversivos. Adam Smith, Nassau Senior, David Ricardo pusieron mucha atención en el vínculo entre la vida económica y política sin reducir la segunda a la primera, ni imaginar que la economía podía rehacer otros campos de la existencia en sus términos y mediciones, y a través de ellos” (Brown, 2018: 40).

En consecuencia, hay un proceso profundo de traslación desde el homo políticus, en donde las definiciones y decisiones individuales y colectivas estaban sujetas a racionalidades diversas (religiosas, culturales, axiológicas, tradicionales) hacia un homo economicus en donde la única racionalidad posible es la de la lógica del “capital humano”. Todos los aspectos de la vida quedan sujetos a esta lógica y allí lo que importa es como mejorar el valor –y como justificar por el valor– presente y futuro de mis actividades individuales y colectivas.

“La búsqueda de educación, entretenimiento, ocio, reproducción, consumo y demás elementos se configura cada vez más como decisiones y prácticas estratégicas relacionadas con mejorar el valor futuro de uno mismo”. (Brown, 2018:112)

 

Neoliberalismo, simbología y Estado.

 

¿Hay una dimensión simbólica del Estado?

Está bastante establecido por varios autores que el Estado posee varias dimensiones, una de las cuales es la dimensión simbólica.

La cuestión está presente en forma más o menos tácita (por ejemplo, en la caracterización weberiana) y en forma explícita en la perspectiva marxista, en particular en las perspectivas gramscianas (Gramsci,1980) o los aportes de autores como Foucualt (2007).

En América Latina, autores como Oszlack (1997), O’Donnell (1978), y más recientemente García Linera (2009), han hecho aportes significativos a esta cuestión. ¿Hay una dimensión simbólica en el Estado? ¿Qué función o característica tiene?

Nosotros proponemos aquí una conceptualización donde los símbolos son, claramente, una representación que genera identidad. La identidad es generadora de pertenencia, de sentirse parte de, miembro de. En ese sentido, identidad es una percepción que genera confianza.

Podríamos preguntarnos, a modo de ejemplo, ¿Qué es lo que hace que cada día, por ejemplo, millones de familias le confíen sus hijos a la maestra o a la Escuela? ¿Por qué las personas le atribuyen valor al papel moneda? ¿Cuándo pierden esa confianza?

En el Estado la cuestión identitaria resulta clave en varios niveles. Percepción sobre el carácter de los bienes públicos y la relevancia de su existencia y distribución por parte de los ciudadanos:

  • Sobre la forma en que se utiliza o dispone de los bienes y servicios (la percepción de los usuarios, destinatarios y/o beneficiarios).
  • La concepción sobre el rol de los/as trabajadores /as estatales y su percepción del Estado.

También creemos necesario postular que, la dimensión simbólica sobre /en relación a las representaciones sobre el Estado, ha sido descuidada por aquellos espacios políticos y/o gobiernos que, paradójicamente, hacen de su defensa –de la defensa del Estado–  el eje de sus objetivos de gobierno y de su horizonte para el logro de su ideal de sociedad. Digamos aquí, para el caso latinoamericano las experiencias nacional-populares.

Como contrapartida, la dimensión simbólica, la cuestión de las representaciones sobre el Estado, ha sido una preocupación central en las organizaciones no gubernamentales, centros de estudio, organizaciones empresariales, think- tanks y gobiernos que proponen, en relación al Estado, su reducción, achicamiento y/o desestructuración. Digamos, para el caso latinoamericano, de las perspectivas neoliberales.

Un aspecto central de las representaciones sociales sobre el Estado está basado en los elementos identitarios que las sociedades construyen sobre el mismo y, a partir de allí, como se conceptualiza al Estado. De este modo, podríamos hablar de identidades en relación al Estado.

Pero, la concepción sobre el Estado es también, al mismo tiempo, una construcción social y como tal, está sujeta a la disputa entre actores sociales, grupos, partidos y espacios de construcción de saberes (incluyendo, cada vez más, a los medios masivos de comunicación social).

Podríamos decir que en la base de las representaciones sociales y los elementos identitarios se hallaban las matrices sociales y culturales construidas a partir de paradigmas o modos de entender la realidad como un todo (Argumedo, 2004).

La identidad sobre el Estado se constituye entonces como esquemas de representaciones compartidas y por lo tanto de sentimiento de pertenencia a un colectivo. Estas identidades construidas refieren a una concepción social y política sobre el Estado que tiene además implicancias a futuro, en la idea de una comunidad imaginada. La identidad que generan las representaciones compartidas tienen también un carácter intersubjetivo y relacional.

La construcción de un relato identitario estatal, colectivo, resulta así, central en su conformación, porque las representaciones compartidas promueven una lealtad común y regulaciones de tipo político-moral sobre eso que llamamos Estado. También la construcción de una memoria del Estado y sobre el Estado.

Por eso resulta importante analizar los mecanismos de construcción de identidad sobre el Estado y su rol a través de diferentes estructuras, de instituciones estatales, culturales, mediáticas, etc. La generación de símbolos y representaciones sociales específicos y distintivos que se vuelven reconocidas y legitimadas. Estas representaciones simbólicas no permanecen en el campo de las “ideas o sentimientos” sino que, en forma permanente ayudan a delimitar lo que tanto los gobiernos como la sociedad aceptan como dimensión, densidad y modalidad del Estado y de las políticas públicas.

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Las representaciones colectivas sobre el Estado Nacional – Popular en América Latina

 

Partiendo de las perspectivas arriba explicitadas, podríamos establecer algunas de las dimensiones de las representaciones y los símbolos sobre los que se basaban las identidades comunes en relación al Estado:

En primera instancia, el paradigma de la Igualdad. Basado en las perspectivas republicanas que surgieron con la independencia misma, en la idea de “república” latinoamericana estuvo –quizás más de lo que las propias elites criollas hubieran deseado– presente la idea –y la aspiración– de la búsqueda de la igualdad. Era imposible enfrentar a las fuerzas de un orden colonial construido sobre un estado que garantizaba la desigualdad social y política, sin poner la cuestión de la igualdad en el primer plano. Aún relegada a su mínima expresión, la igualdad ante la ley representó durante dos siglos uno de los aspectos centrales en la legitimación social del Estado latinoamericano y su rol, en particular desde la perspectiva de los sectores populares. Para las elites, sin embargo –como bien señala Oszlak (1997: 86-169)– el eje simbólico era el orden y el progreso, no la igualdad.

Unido a la idea y la aspiración de la igualdad estaba asociada la búsqueda de la equidad. La equidad representó una aspiración de los sectores populares mucho más que –obviamente­– las elites. La equidad operaba sobre las desigualdades económico-sociales y allí, la “República” vista desde las elites estaba en “peligro”.

La equidad como representación colectiva tomará impulso y formato estatal en principio con la Revolución Mexicana y, dos décadas después –a partir de la década de 1930–  con los gobiernos nacional populares (populismo en la jerga académica liberal) que hicieron de la “Justicia Social” (el correlato de la equidad) el eje central de su fundamento de legitimidad.  El Estado nacional -popular se sostuvo por sus políticas específicas y también, en buena medida por lograr consolidar una simbología sobre el rol equitativo de la acción del Estado (Viguera, 1993 y Trías, 1978).

Esta percepción del Estado como garante de la equidad –o la necesidad de su existencia para alcanzarla– se profundizó con las experiencias socialistas de la Segunda Posguerra en América Latina, alcanzando en Cuba y Chile sus expresiones de mayor densidad. A partir del despliegue de los gobiernos nacional-populares de la década del 30 del siglo pasado la acción del Estado era vista, desde los actores sociales populares, como redistribuidora de riqueza: frente a una sociedad desigual, donde los ricos poseían lo que no les correspondía, la acción del Estado por la vía impositiva, era vista como positiva en tanto y en cuanto redireccionaba las riquezas hacia los sectores populares.

Resultado de esta construcción inicial basada en la dupla igualdad-equidad, hay una construcción simbólica que considera a la desigualdad social –y muy particular la económica– como inaceptable y, por ende, al Estado que no operaba sobre esa situación como un Estado fallido.

Las sociedades no eran desiguales porque sí, sino que la desigualdad tenía que ver con el rol estatal y su control por parte de las elites. Nuevamente, será el Estado nacional-popular el que trabaje sobra la identidad de un Estado que invierte sus apoyos y su accionar a favor de trabajadores y campesinos.

Junto a la dupla igualdad-equidad, otro aspecto clave de la percepción social latinoamericana sobre el Estado era la construcción social de la pertenencia a una Nación.

Largamente analizada –en forma crítica por el marxismo y el liberalismo– la idea de pertenencia a una Nación se constituyó en una de las construcciones sociales más potentes de los gobiernos nacional-populares. Esta construcción simbólica de “lo nacional” se anclaba, obviamente, en los símbolos tradicionales de las patrias constituidas en la pos-independencia: la bandera, los escudos, los himnos, escarapelas, etc.; pero de ninguna manera se quedaban allí.

Esa construcción identitaria de los símbolos patrios era la referencia básica sobre la que se asentaba una idea más poderosa sobre el rol del Estado y la Nación: había bienes materiales, recursos públicos y actividades que debían estar en manos del Estado por ser vitales para la Nación como tal.

Esta perspectiva de un recorte –o varios recortes– de actividades que debían imperativamente formar parte de la agenda del Estado nacional sostuvo y habilitó todo el proceso de creación de empresas públicas y a la vez de nacionalizaciones de compañías extranjeras. Estado, Nación y Pueblo constituyeron una representación de una enorme potencia transformadora.

Vinculadas a la tríada Estado, Nación y Pueblo, está la concepción que le atribuía a las elites un carácter antinacional y a las burguesías una incapacidad constitutiva –por debilidad o por extranjerizadoras–  para hacerse cargo de la gestión y desarrollo de empresas, industrias y aún del mismo Estado. De allí la potente articulación entre las concepciones sobre el Estado y sus capacidades desde los sectores populares y la apelación al mismo por parte de los líderes nacional – populares.

El correlato institucional de estas construcciones simbólicas “por la positiva” hacia las posibilidades, capacidades y rasgos del Estado fueron el despliegue de la institucionalidad estatal –incluyendo la gestión– a sectores cada vez más amplios de la vida social y económica: de las tradicionales funciones vinculadas a policía, justicia y defensa nacional, el Estado nacional-popular paso a desplegarse en las áreas de educación, salud, políticas sociales, pensiones, derecho de trabajo, planificación económica, empresas productoras de bienes y servicios, construcción de obras de infraestructura, política científico-tecnológica, en fin, Estado y Nación se confundieron uno con la otra y las realizaciones de las instituciones estatales reafirmaban los apoyos sociales –en particular de los sectores populares– al mismo.

La cuestión de las “capacidades del Estado” para llevar a cabo todas estas políticas –actividades– estaba fuera de discusión. En la construcción simbólica que se desplegó y fortaleció en los gobiernos nacional-populares, la cuestión de las capacidades de gestión estaba ausente: iba de suyo que el Estado como institución –y sus propios/as trabajadores/as– estaban a la altura de las tareas a emprender. El /la trabajadora estatal era considerada/o una “servidora pública” y valorado/a por su contribución a la nación y a sus habitantes en las diferentes tareas a emprender. El Estado nacional-popular formó a cientos de miles de trabajadores/as en los más diversos campos de gestión empresarial, administración, y provisión de servicios sociales.

El “empleado público” o el trabajador/a estatal eran, además, una figura aspiracional de enorme atractivo para los propios sectores populares. En la construcción simbólica de la época ser empleado público implicaba contribuir a la Nación, al bienestar general y realizar tareas consideradas socialmente valiosas.

En esta construcción simbólica están ausentes, también, las consideraciones en torno al “costo” del estado. El Estado, como garante de la búsqueda de la equidad, la igualdad y la consolidación de una nacionalidad inclusiva no está cuestionado en torno a la utilización de los recursos públicos. La cuestión del “costo” del Estado latinoamericano fue, inicialmente, una construcción simbólica de las elites, no porque impactara directamente sobre sus propias modalidades de acumulación de capital, sino porque era un argumento a utilizar frente a lo que veían como una amenaza: el trastrocamiento del orden liberal tradicional por la acción económica, social y cultural de un Estado denso, extendido y con soporte popular.

 

Las instituciones y las construcciones simbólicas sobre el Estado

 

¿Dónde se constituyeron estas construcciones sobre el rol positivo del Estado, su vínculo con la equidad y la igualdad y la constitución de una Nación como comunidad inclusiva?

La institución clave en este sentido lo constituyó la escuela pública. El sistema público de educación había consolidado la simbología estatal post-independentista (las banderas, los próceres y también la aspiración a la igualdad republicana) a la que le sumó la simbología típica de los gobiernos nacional populares: el vínculo entre Estado y Nación, la búsqueda de la equidad, el culto al trabajo, el respeto por los trabajadores públicos. La educación pública –en especial la primaria– contribuyó fuertemente al desarrollo de la identidad Nación-Estado. La educación superior universitaria, aún en su composición tradicionalmente elitista, contribuía a las representaciones simbólicas “por la positiva” del Estado y su rol, aunque más no sea por la promoción de titulados que luego se hacían cargo de la conducción del Estado desde la política (aún en su versión elitista oligárquica).

También lo hicieron las empresas estatales desde una doble perspectiva: su contribución a la Nación y las capacidades desarrolladas por los/as trabajadores estatales de las mismas.

Los partidos políticos –como organizaciones de representación que buscaban precisamente acceder al gobierno y al Estado– también contribuyeron a la conformación de una identidad estatal. Las preocupaciones de la época sobre el vínculo entre Estado y Política no giraban en torno a la “corrupción” o las capacidades de gestión de quienes provenían del campo de la política. Giraban en torno a la pertenencia ideológica del funcionario público (su procedencia partidaria, sus ideas populares o antipopulares, etc.).

Desde las organizaciones políticas el Estado contribuía así a la ampliación y consolidación de la democracia como “cosa pública”.

Escuela, empresa pública, partidos políticos eran la tríada sobre la que se asentaba la construcción simbólica que hacía de cierta identidad estatal su razón de ser.

El rol de los sindicatos también fue clave en la consolidación de una perspectiva simbólica a favor del rol estatal: en una doble perspectiva, una por ser el Estado el árbitro y espacio de lucha-diálogo-consenso-desacuerdo entre sindicatos y patronales y por otro lado por el rol que los propios trabajadores estatales sindicalizados jugaban en la gestión estatal y sus alcances.

Las representaciones y construcciones simbólicas del neoliberalismo a inicios del siglo XXI.

 

¿Hacia una nueva construcción simbólica sobre el Estado?

Podemos esbozar, finalmente, los modos en que el neoliberalismo ha venido transformado y poniendo en jaque discursivo a las construcciones simbólicas “tradicionales” (en el sentido nacional-popular sobre el Estado). Reiteramos que, desde nuestra perspectiva, allí radica una de las facetas más radicales en torno a las posibilidades de consolidación neoliberal en la América Latina del siglo XXI: crear nuevos marcos identitarios en relación al “deber ser” del Estado y a qué tipo de sociedad imaginamos.

Podríamos señalar que los aparatos de representación que el neoliberalismo utiliza en el despliegue de su perspectiva del “capital humano” son hoy diversos en términos de dispositivos, aunque muy homogéneos en sus definiciones sobre el Estado. Adelantemos que, en todos los casos, el efecto buscado o el efecto alcanzado (voluntaria o tácitamente) es el de desdibujar esas identidades “por la positiva” del Estado nacional-popular democrático y promover una sistemática visión negativa sobre el rol y los alcances de la gestión estatal.

Un rol central en esta nueva “construcción de sentido” (Saintout, 2012) sobre el Estado lo juegan, quizás hoy como nunca antes, los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación son hoy en América Latina grandes oligopolios mediáticos – empresariales cuyos intereses y perspectivas están en colisión con cualquier tipo de construcción político-social que se plantee algún control estatal de las variables financiero-empresariales (Galvis Ortiz et al., 2009).

En este sentido, es prácticamente imposible encontrar hoy –en las diversas modalidades radiales, visuales, graficas, virtuales– que han adquirido los medios masivos hegemónicos de comunicación, alguna perspectiva que no remita a una definición “por la negativa” sobre el rol estatal en la vida social (independientemente, incluso, de las preferencias políticas a derechas o izquierdas). La cobertura sobre el rol del Estado circula siempre sobre un camino -no por trillado- menos efectivo.

La gestión estatal es incapaz de resolver las necesidades para las que fuera creado. Los/as trabajadores estatales son un obstáculo para el logro de los objetivos que el propio estado tiene debido a su sindicalización y, sus derechos “excesivos”.

La clase política es –como un todo– incapaz de hacerse cargo “seriamente” de la gestión estatal por dos motivos recurrentes que se muestran como inevitables e irreparables: demagogia y corrupción. El Estado es un espacio de “despilfarro” de los impuestos que la ciudadanía paga.

Las consecuencias de este relato que construye sentido en crítica permanente a la gestión y las posibilidades del Estado son parte del “sentido común” que constituye al nuevo sujeto neoliberal en relación a este tema. Mayores impuestos (o sea más recursos para el Estado) es una carga que la sociedad en su conjunto soporta para obtener cada vez menos servicios. Todos los servicios que puedan obtenerse por una vía que no sea estatal serán en el imaginario mediático- de mejor calidad que los estatales. Esto incluye áreas como infraestructura, salud, educación, pero también jubilaciones y seguridad policial.

La reducción de los planteles de trabajadores/as públicas/os es una medida siempre valiosa, pues resulta claro que las plantas de personal están abultadas por la discrecionalidad política. El salario que los/as trabajadores cobran           –independientemente de si es exiguo o no– es siempre excesivo y no guarda relación con el esfuerzo que deben hacer quienes están “fuera” del Estado.

Como en un espejo inverso; la gestión del mercado es siempre referenciada como exitosa; sujeta al principio sacrosanto de la rentabilidad, marcada por el cuidado en el uso de los recursos y alejada de la corrupción “política”, como si los universos del mercado y el Estado fueran órbitas escindidas totalmente sin punto de contacto.

En los ámbitos educativos –educación primaria, secundaria y universitaria–, las referencias que tradicionalmente podía generar una construcción de sentido identitaria “positiva” hacia el Estado están también en crisis. En primera instancia, la educación primaria y secundaria tradicionalmente de carácter público se ha ido deslizando en A.L. hacia la gestión privada lo que pone distancia sobre las menciones al valor de lo publico en materia de saberes. Y aún en los ámbitos primarios y secundarios estatales, la simbología –la construcción de sentido empática con el estado– ha quedado referenciada a los “símbolos patrios”, lejos de un trabajo consistente y curricular sobre la relevancia de los públicos para el conjunto de la sociedad.

Las universidades han sufrido un doble proceso de debilitamiento: por un lado, la proliferación de universidades de gestión privada y por otro, en el caso de las universidades públicas, la emergencia de centros, institutos y facultades que han sido cooptadas por la lógica empresarial y/o neoliberal, lo que genera promociones enteras de egresados universitarios (aún de la esfera pública) listos para ponerse a “reducir” las dimensiones “malignas” del Estado. Las modalidades de gestión y de evaluación del propio funcionamiento de un número creciente de universidades han quedado atrapadas en la lógica del “capital humano”.

Los propios trabajadores/as estatales y sus organizaciones sindicales han visto reducidos sus márgenes de maniobra por las restricciones presupuestarias y salariales y la reducción de la esfera de influencia de su tarea sobre el conjunto de la sociedad. Lo que era visto como un aspecto aspiracional positivo             –trabajar en el Estado– hoy es visualizado como una tarea “poco exitosa” aún si la alternativa es no tener inserción laboral estable de ningún tipo.

Tampoco es desdeñable el impacto que en las representaciones colectivas       –sobre todo las populares– tienen las condiciones en que décadas de desfinanciamiento y reducción presupuestaria estatal han dejado a las instituciones que están “en contacto” con los sectores populares: el deterioro edilicio y presupuestario de escuelas y hospitales; de ministerios y hogares, comedores, banca pública, rutas nacionales, etc., no es visualizado –ni señalado por los medios– como resultado de políticas específicas de desfinanciamiento, sino como consecuencia de la gestión estatal “per se”. En muchos lugares de América Latina, el único contacto que los sectores populares tienen con el estado es en relación a las fuerzas represivas.

 

La construcción popular de una identidad negativa sobre el Estado: Estado, democracia, equidad, igualdad.

Nos hallamos pues, hoy, rumbo a la tercera década del siglo XXI, aún luego de quince años de gobiernos mayoritariamente de carácter nacional-popular en América Latina. Y, sin embargo, la “construcción de sentido” sobre el Estado y su rol está fuertemente teñido de una perspectiva neoliberal. ¿Qué está en riesgo?

Hemos analizado esta construcción de sentido neoliberal en relación al Estado, pero a sabiendas que lo que está en juego es, junto con el Estado, el carácter y sentido mismo de nuestras sociedades.

El “sentido común” sobre conceptos tales como la igualdad, la equidad, la justicia social y la democracia han sido modificados como resultado de las transformaciones en la construcción de sentido neoliberal. La igualdad no se percibe como resultado de la acción del Estado en un orden republicano, sino la igualdad de acceso al mercado. Es el mercado el ámbito donde la igualdad adquiere sentido. Precisamente lo que era visto como un ámbito de generación de desigualdad ha pasado a ser mostrado y percibido como el espacio donde la igualdad es alcanzada.

Vinculada a la igualdad, la idea de la equidad también ha sido “desprendida” de la acción del Estado: más aún, el accionar del Estado cuando interviene en la determinación de los impuestos de carácter progresivo y en la ampliación de los presupuestos destinados a expandir su esfera de influencia es señalada paradójicamente como generadora de inequidades. La justicia social ya no es la nivelación por la vía de las políticas públicas (el accionar del Estado) de las desigualdades que genera el mercado, sino que la acción estatal es un componente más que atenta contra la equidad y la igualdad pues “distorsiona” el campo de la economía y su accionar virtuoso. Los bienes y servicios públicos, por ejemplo, en vez de ser vistos como desmercantilizadores de bienes considerados como derecho, son señalados como actividades que generan inequidades y desajustes económicos precisamente porque desmercantilizan lo que debe ser abonado. Así, toda política niveladora, programas sociales, programas educativos, políticas compensatorias, subsidios a tarifas o a bienes de consumo son vistos como una acción “inequitativa” pues distorsiona el accionar virtuoso del mercado.

El cuestionamiento a lo público se ha iniciado en relación a las actividades y el rol del Estado, pero en el fondo, en la medida que avanza, pone en discusión la misma democracia tal cual la concebimos. Todos sabemos que la democracia tiene tantas variantes –social, liberal, radical, republicana, representativa, autoritaria, directa, participativa, deliberativa, plebiscitaria– como significados y –sobre todo– prácticas que le dan los pueblos y los gobiernos. Pero, en todos los casos, la democracia se basa en un principio nodal: las sociedades se ven a sí mismas como un colectivo donde las definiciones de sentido están sujetas a variables y definiciones de carácter político, social, religioso, cultural, artístico, valorativo y económico. Queremos decir con esto que, las democracias no sólo deben tender a ampliar los espacios ciudadanos de toma de decisiones sino a que esas decisiones tomen en cuenta variables diversas.

Precisamente, en ese punto, en la toma de decisiones colectivas desde variables diversas, es en donde el neoliberalismo amenaza la democracia: como hemos visto, la construcción de sentido neoliberal subsume todas las decisiones a la lógica del “capital humano”, no hay definiciones atravesadas por cuestiones tales como los derechos, las necesidades, las valoraciones, las tradiciones y así en la totalidad de la diversidad societal:  el “homo economicus” sustituye al homo social y político. De triunfar esta perspectiva, los ámbitos y modelos de toma de decisiones en relación al Estado y la sociedad se reducen sensiblemente: la viabilidad económica y la rentabilidad son la única norma a tomar en cuenta.

El triunfo absoluto de esta perspectiva neoliberal no está –obviamente– garantizado. Podríamos decir que, para el caso latinoamericano y argentino, esta lucha por el sentido del Estado, sus representaciones simbólicas y finalmente el imaginario sobre el futuro de nuestras sociedades está en una fase de disputa. Nada está cerrado, será la movilización social y popular y las capacidades desplegadas desde el Estado por los gobiernos nacional-populares que accedan nuevamente al mismo quienes puedan recuperar la lógica y la simbología de un Estado garante de una sociedad con niveles crecientes de democracia e inclusión socio-económica.

Bibliografía

Alemán, J. (2016). Horizontes neoliberales en la subjetividad, Buenos Aires: Grama ediciones.

Allami, C. y Cibilis, A. (2017). Financierización en la periferia latinoamericana: deuda, commodities y acumulación de reservas. Revista Estado y Políticas Públicas, Año 5 nro 8. FLACSO, Buenos Aires. Argumedo, Alcira (2004) Los silencios y las voces en América Latina. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional, .

Becerra, M. (2015). De la concentración a la convergencia. Política de Medios en Argentina y América latina. Buenos Aires: Paidós.

Bernazza, C. (2016). Bienvenidos al pasado. Revista Perspectivas de Políticas Públicas. Nro 11 julio – diciembre. Lanús: UNLA.

Brown, L. (2018). El pueblo sin atributos. México: Malpaso Ediciones.

Cavarozzi, M. (1991). Mas allá a las transiciones democráticas en América Latina. Revista de estudios Políticos. Buenos Aires : Nueva Época.

Ciappina, C. (2014). Estados nacionales: recuperación económica con inclusión social. La reconstrucción de la gestión estatal en América Latina y su proyección a futuro. Ponencia  Congreso de Economía Política Internacional. Moreno: UNMoreno.

Delano, M. y Traslaviña, H. (1989). La herencia de los Chicago Boys.  Santiago de Chile: Ediciones del Ortinorrinco.

Foucault, M. (2007). Seguridad, territorio, población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Fukuyama, F. (1992). El fin de la historia y el último hombre. Buenos Aires: Planeta.

Galvis Ortiz, C. A. y Botero Montoya, L. H. (2009). Oligopolios de la comunicación: ¿amenaza global de la democracia?. Reflexión Política [en linea]  11 (Junio). ISSN 0124-0781

 

García Linera, A. (2009). La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia.  Bogotá: Clacso.

García Linera, R.; Prada, L.;  Tapia, O. y Vega C. (2010). El Estado. Campo de lucha. Bolivia: CLACSO.

Gramsci, A. (1980). Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el estado Moderno. Madrid-Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Klein, N. (2016). La Doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Buenos Aires: Paidós.

Lander, E. (2000). La colonialidad del saber. Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.

Martinez R., Rubi y Soto Reyes G. (2012). El Consenso de Washington, la instalación de las políticas neoliberales en América Latina, Xochimilco, México,  Revista Polítca y Cultura, Universidad de Xochimilco,

Mastrini, G. y Becerra, M. (2001). 50 años de concentración de medios en AméricaLatina: “Del patriarcado artesanal a la valorización en escala” En: Crítica de la Economía Política de la Comunicación y la Cultura. Comunicación, Globalización y democracia, de Fernando Quiros y Francisco Sierra (directores) Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

Mastrini, G. y Becerra, M. (2017). La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015). Nuevos medios y tecnologías, nuevos actores. Observacom. Universidad Nacional de Quilmes.

McLuhan, M. y Powers, B.R. (1995) La aldea global. Barcelona: Gedisa.

Merlín, N. (2017) Colonización de la subjetividad. Los medios masivos en la época del biomercado. Buenos Aires: Editorial Letra Viva.

O´Donnel, G. (1978). Apuntes para una teoría del Estado. Revista Mexicana de Sociología, vol.40, nro.4. México.

Oszlack, O. (1997) La formación del Estado argentino. Orden, Progreso y Organización Nacional. Buenos Aires: Ed. Planeta.

Rouquié, A. (1984). El Estado Militar en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Saintout, F. (2012). Democracia y Comunicación. Los medios y la disputa por la construcción de sentido. La Plata, Argentina: FP yCS. UNLP.

Trías, V. (1978). Nueva Sociedad. Nro.34; Enero-Febrero 1978.

Viguera, Aníbal (1993) Populismo y Neopopulismo  en América Latina. Revista Mexicana de Sociología. Julio-Septiembre. México.

Wolin, Sh. (2008). Democracia S.A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido. Madrid: Katz editores.

[1] Licenciado en Historia.Facultad Humanidades UNLP. Titular Cátedra Historia Contemporánea de América Latina, FPyCS-UNLP. Dr. en Comunicación. Facultad de Comunicación Social, UNLP. Titular de la Cátedra Estado y Políticas Públicas. Universidad Nacional de Moreno. Ex-Secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública. Prov. de Bs. As.